Descubra por qué el Gobierno favorece lícita e ilícitamente al Chance y atenta contra las loterías, permitiendo que se evadan recursos destinados a la salud. Los dueños del Chance financiaron la campaña de Uribe y de un buen número de congresistas a la Cámara y Senado, en contraprestación, por mantener sin modificaciones la Ley 643 de 2001 que le otorga a los operadores de ese juego el privilegio de entregar sólo el 12% del recaudo total de sus apuestas a la Nación, dinero destinado a la salud, mientras ellos disfrutan ganancias de oportunidad del 48% sobre sus ventas brutas. El Gobierno llegó al extremo de permitir la quiebra de las loterías para beneficiar al Chance, que mueve legalmente más de $1.5 BILLONES al año e ilegalmente una cifra similar. Esta es una de las razones por la cual las loterías sólo venden el 3.5% de sus emisiones. Los empresarios del Chance también aportan inmensas sumas de dinero a los aspirantes a gobernaciones y alcaldías y estos, a cambio, nombran a los amigos de los chanceros como gerentes de las loterías, quienes cumplen la misión de adjudicarles a aquellos las licitaciones para operar el juego. El Gobierno a través de ETESA, para proteger a sus benefactores, impide la entrada al mercado de juegos novedosos que le hagan competencia al Chance y el Baloto. La otra Verdad Periodismo Investigativo, con esta denuncia, pretende asumir la defensa de las loterías en crisis, de los recursos de la salud y de los millones de apostadores colombianos.

El caso que envuelve a la empresaria Enilce López, conocida como “La Gata”, quien aportó una gruesa suma de dinero a través de su firma Uniapuestas a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, es sólo la punta del Iceberg de un gran escándalo que esconde el actual Gobierno Nacional en torno al juego del Chance.

López es un eslabón de una gran cadena de empresarios del Chance que entregaron aportes a la campaña uribista con un sólo propósito: mantener y fortalecer el favorecimiento indebido otorgado a estos tercerospor anteriores gobiernos …y lo lograron.

La verdad es que los dueños del Chance habrían aportado milesde millones de pesos a la campaña de Uribe, lo cual fue revelado por varios empresarios del gremio a La otra Verdad Periodismo Investigativo y confirmado por congresistas que manejan el tema de los juegos de azar y quienes prefirieron mantener sus nombres y su valiosa información en reserva para un próximo debate, pues en el pasado estuvieron a punto de llevar el caso a Plenaria en el Parlamento, pero abortaron la iniciativa a raíz de amenazas de muerte por parte de “los señores que controlan la mafia del Chance”. Los parlamentarios tienen en su poder una lista con cada uno de los multimillonarios aportes que hicieron clandestinamente varios chanceros del país a la causa de Uribe Vélez, dineros que habrían entrado a las arcas de esta campaña en forma subterránea, según lo relevaron algunos empresarios del Chance.

Los chanceros también habrían aportado más de 5 mil millones de pesos a la campaña del Referendo que propuso el Presidente de la República al inicio de su mandato y que no prosperó. ¿Será que está pasando lo mismo con la campaña de Reelección?.

El ingreso de los dineros de los chanceros fue aceptado por el propio Uribe Vélez públicamente: “En la campaña presidencial mía, en el 2002, los empresarios de las apuestas dieron un dinero. Eso está en la contabilidad y ahí hay un cheque de las firmas de esta señora (refiriéndose a “La Gata”). Está en la contabilidad. Ingresó abiertamente, no se escondió, se le recibió un dinero. Eso lo ha manejado gente honesta. La contabilidad la ha visto todo el mundo. Me decía el doctor Fabio Echeverri que en la campaña presidencial mía los empresarios de las apuestas permanentes dieron una plata”. Además el hombre de confianza del Presidente, el comerciante Fabio Echeverri, quien es el nexo con los chanceros del país, confirmó el ingreso de los dineros de esos empresarios. El asesor de la Casa de Nariño, sobre los $100 millones que le dio “La Gata” a la causa uribista dijo: “Cuando esos dineros ingresaron a la campaña, la señora López no tenía investigaciones y la contabilidad pasó las pruebas de “la lista Clinton” y de la Fiscalía. Todo se hizo sobre la mesa”.

Hay que aclarar que cuando se habla de los chanceros se refiere a los grandes empresarios, dueños u operadores del juego, no a los vendedores del mismo, a quienes La otra Verdad Periodismo Investigativo pretende apoyar con esta investigación.

LOS CHANCEROS, LOS MAYORES APORTANTES

Según el senador Gustavo Petro, “el grupo que más ayudó a financiar la campaña presidencial de Álvaro Uribe fue el integrado por los empresarios del Chance”. De acuerdo con los registros del Fondo de Partidos y Campañas Electorales, ocho empresas de apuestas le invirtieron 300 millones de pesos a la campaña Uribe 2002-2006:

En Pereira :

Apostar S.A. giró $25 millones.

En Armenia:

Apuestas Ochoa giró $50 millones.

En el Urabá Antioqueño:

Apuestas Unidas de Urabá giró $20 millones.

En el Valle:

Gana Corredores de Apuestas S.A. Giró $5 millones.

En Cartagena:

Inverapuestas giró $25 millones.

En Bogotá:

Sonapi giró $50 millones.

En Barranquilla:

Uniapuestas giró $100 millones.

En Gaviare:

Uniapuestas giró $25 millones.

Estas cifras no incluyen los multimillonarios aportes subterráneos que habrían realizado los empresarios de las apuestas permanentes a la campaña de Uribe, según los mismos chanceros que dialogaron con nuestra revista y congresistas consultados.

Para compensar a los dueños del Chance por sus millonarios aportes, el gobierno de Uribe Vélez mantiene sin modificaciones la Ley 643 de 2001 en la cual se favorece a los operadores de este juego, atentando contra el sector de las loterías, empresas públicas que eran las grandes generadoras de recursos destinados constitucionalmente a la salud de los colombianos.

FAVORECIMIENTO INDEBIDO DEL GOBIERNO AL CHANCE

El Chance fue legalizado en Colombia mediante la Ley 1 de 1981, luego de 20 años de ilegalidad.
Nació como “un hijo” de las loterías porque esa norma estableció que estaba obligado a jugar con las dos y tres últimas cifras del sorteo de las loterías, que en ese entonces eran 36 -una por cada departamento- en todo el territorio nacional. Era un juego controlado y vigilado por el Estado a través de la Superintendencia Nacional de Salud la salud. Con base en la Ley 643 de 2001, el Gobierno le entregó el monopolio estatal de este concesiones, privados o terceros para que lo manejaran, y aumentó el juego de las apuestas hasta cuatro cifras, con lo que lo puso a competir casi en igualdad de condiciones con las loterías, que llevan 80 años de operación en el mercado sus destinados al sistema hospitalario. Desde ese momento se le dio un giro inesperado al Chance en favor de unos pocos particulares (los mismos financistas de la campaña de Uribe) que han enriquecido sus arcas en detrimento de los dineros que deberian ir a la salud.

Si bien la Ley 643 fue expedida en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, la administración de Uribe Vélez no ha hecho nada para evitar que se evadan los recursos de la salud. Por el contrario, durante el trámite de modificación a la Ley 643 (proyectos de ley 125/2003 de Cámara y 136/2003 de Senado), impulsada por el propio gobierno de Uribe, la mayoría del Congreso buscaba que los empresarios de las apuestas permanentes pagaran cerca del 17% de los ingresos brutos del Chance para destinarlos a la salud, en la misma forma como ya había acontecido cuando se tramitó la Ley 643. Sin embargo, paradójicamente, el Gobierno, representado por el Ministro de Salud y Protección Social Diego Palacio Betancourt, logró con su esfuerzo e influencia que esos aportes quedaran en el 12%, en amplio favorecimiento a los chanceros, lo que implica una desviación de esa diferencia del 5% a favor del interés particular en contra del interés general, público y social. De esta forma, los chanceros sólo le pagan al Estado un 12% de sus ingresos. Como prueba de lo anterior quedó para la historia el texto del primer debate de las comisiones terceras de Cámara de Representante y Senado de la República. (Ver facsímile Pág. 8).

La actitud de este funcionario es cuestionable ética y moralmente porque el Ministro es precisamente quien tiene la obligación constitucional y legal de asumir la defensa del interés público y social. Obviamente, Palacio Betancourt estaba defendiendo los intereses del Presidente y de sus aportantes, los chanceros.

“LA MAFIA” EN EL CONGRESO

El Ministerio de la Protección Social dirige y regula las políticas de juego de suerte y azar en Colombia, la Superintendencia de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de dichos juegos incluyendo loterías y Chance), y la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), antiguamente llamada Ecosalud, maneja el monopolio estatal (la facultad de explotarlos, Art. 336 de la Cons. Nal.) de los juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y el Chance porque estos últimos lo manejan los departamentos y municipios.

El proyecto modificatorio de la Ley 643 de 2001 (integrado por los proyectos ley 125/2003 y 136/2003) fue archivado en la Plenaria de la Cámara de Representantes por violar “abiertamente” el Artículo 336 de la Constitución Nacional, al tratar de crear un régimen de amplias libertades y privilegios y buscar, prácticamente, la eliminación del monopolio de las loterías. Dentro de esas prerrogativas se pretendía permitir los juegos de Chance sin límites de horarios.

“Se intentaba poner al Estado en condiciones próximas a la indefensión frente a las desmedidas ambiciones de los empresarios del Chance, mediante la inclusión el asalto, diríamos nosotros en el tránsito del proyecto entre la Comisión Tercera y la Plenaria de la Cámara- de doce nuevos artículos (orangután), que convertirían a las beneficencias en las recogedoras de los mendrugos del banquete que sueñan con darse los nuevos epulones del Chance y sus congéneres”, dijeron los representantes Ramón Elejalde y Carlos Arturo Piedrahita, a quienes se les sumó el periódico El Mundo de Medellín en su editorial del lunes 14 de junio de 2004, el cual tituló “La Mafia en el Congreso” (Ver facsímile en la parte inferior).

A pesar del conocimiento de estas irregularidades por parte de los ponentes (Sergio Diazgranados Guido, presidente de las Comisión Tercera de Cámara y Mario Salomón Náder, vicepresidente) y de los representantes que intervinieron en este proyecto, no ha existido ningún pronunciamiento oficial de los organismos de control interno del Congreso ni del Estado, a pesar de la gravedad que significa privilegiar los intereses particulares por encima del beneficio público.

Hay que resaltar que cuando se estaba tramitando la Ley 643 en el Congreso de la República, los chanceros distribuyeron entre algunos parlamentarios amigos, a quienes les habían financiado sus campañas, una suma cercana a los mil millones de pesos para impulsar la norma a su favor. Esto fue revelado por varios congresistas que conocieron de cerca el hecho.

APOYO MEDIANTE DECRETOS

 Con el fin de apoyar a los chanceros, el Gobierno ha efectuado varias jugadas jurídicas y, a pesar de que los proyectos modificatorios de la Ley 643 de 2001 fueron archivados, el Ejecutivo, simultáneamente, reglamentó la citada Ley mediante varios decretos dirigidos a favorecer al Chance. La otra VerdadPeriodismo Investigativo demuestra a sus lectores cómo la administración de Uribe, paso a paso, ha beneficiado este juego mediante varios decretos:

Primero. Debido a que el Chance sólo podía jugar con los resultados del sorteo normal de cada lotería, que por lo general sucede una vez al día, el Decreto 1350 de 2003 le permitió al Chance realizar cuanto sorteo fuera posible. Con la anuencia y connivencia del Ministerio de la Protección Social y la Supersalud, se crearon en el país los SORTEOS DE MEDIO DÍA, modalidad mediante la cual le legalizaron a los empresarios del Chance una serie de juegos que estaban en la ilegalidad durante años: El Chontico, El Dorado, El Cafeterito, El Motilón, El Paisita, La Culona, La Caribeña, etc. (Ver cuadro sobre el calendario de juegos del Chance), con el fin de que jugaran por lo menos dos veces al día y aumentaran sus ingresos. En este caso surgen varias preguntas: ¿Por qué el gobierno los dejó jugar en forma ilegal desde el 2002 hasta la fecha de la expedición del Decreto 1350, en el 2003?, ¿Fue esto un arreglo en contraprestación por el financiamiento de la campaña uribista?, ¿Si no fue así, por qué se tardó tanto en legalizar estos juegos?

Lo anterior fue confirmado en la reunión del Acta 01 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en la que se estableció con claridad que los sorteos del medio día operaron de forma ilegal por más de dos años. ¿Por qué no se aplican los mismos fundamentos legales para, en igualdad y equidad, sacar a las loterías de su crisis?

Segundo. El Decreto 1350 del 2003 (que reglamenta la operación de venta del Chance) también permite en forma indirecta la participación de los operadores de juegos de suerte y azar, como el Chance, en la elección de gobernadores y alcaldes. Estos mandatarios de elección popular son los que nombran a los gerentes de las loterías, que a su vez reglamentan y otorgan las concesiones para explotar el Chance. Recordemos que la Ley 643 establece que las loterías pueden explotar directamente el juego del Chance, pero sólo lo podrán hacer a través de contratos de concesión con personas jurídicas privadas (es decir, empresas de particulares legalmente establecidas) y por término de cinco años. En otras palabras, con esta norma los poderosos dueños del Chance pueden financiar legalmente a los gobernadores y alcaldes, para que éstos, en contraprestación, les devuelvan el favor nombrando a los gerentes de lotería de bolsillo de los chanceros, quienes tienen la misión de entregarles a esos empresarios las jugosas concesiones del Chance. Un claro ejemplo de este caso de corrupción lo dio a conocer en el 2005 la Procuraduría General de la Nación, que ya ha tomado cartas en este asunto y ha destituido a varios gerentes de loterías por favorecer a los dueños del Chance (Ver facsímile del Boletín No. 406 de la Procuraduría).

Tercero. Con el fin de incentivar las ventas de este juego, mediante los Decretos 3535 de octubre de 2005 y 4643 del mismo año, el Gobierno legalizó estos incentivos a los chanceros para que pudieran ofrecer a los apostadores porcentajes en las apuestas superiores al valor comprado. Por ejemplo, si se invertían $5.000 se entregaba un Chance de $6.000, es decir, la empresa le regalaba $1.000 a su cliente. Otro ejemplo de estos incentivos es cuando los chanceros ofrecían porcentajes hasta del 40% a sus clientes, es decir, por la compra de un Chance de $1.000 se le entregaba uno de $1.400. Este estilo de venta favorece ampliamente al juego porque crece su imagen y trae más compradores, pero va en detrimento de las loterías, que quedan en desigualdad para competir al no permitirle esta clase de incentivos.

Cuarto. Mediante el Artículo 24 de la Ley 643, reglamentado por el Artículo 3 del Decreto 3535 de 2005, el Gobierno le dio la oportunidad a los dueños del Chance de que obtuvieran una rentabilidad sobre las ventas brutas del juego, cuatro veces superior a los recursos que éstos le giran al Estado con destino a la salud que corresponde al 12%. Este fue uno de los aspectos denunciado por la Defensoría del Pueblo en su resolución 019. Legal, ética y moralmente, lo correcto era que el Gobierno hubiese presentado un proyecto de ley en el que se estableciera que ninguna empresa concesionaria del monopolio estatal de suerte y azar pudiera obtener utilidades mayores a las que les corresponden a la salud. ¿Por qué no lo hizo?  

Quinto. El Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 2121 del 2004 sobre juegos novedosos. Este fue aprobado como un reflejo del archivo de los proyectos modificatorios 125-136 de Cámara y Senado (que se hundieron en el Congreso), con la condición de que, para que los juegos sean operados por ETESA, su reglamento debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Esto último se constituyó en un sofisma de distracción y dilación para que ETESA represara la aprobación de los cinco juegos novedosos que fueron calificados, clasificados y con viabilidad para su operación en el mercado nacional, con un claro beneficio para el Chance y el Baloto, y con grave perjuicio para el incremento de los recursos de la salud. En otras palabras, el Gobierno, por privilegiar a los dueños del Chance y el Baloto, no deja entrar al mercado otros juegos de creación nacional, novedosos, modernos y con tecnología de última generación que le hagan competencia al Chance, como es caso del Billete Mágico de la UNICEF, que será desarrollado en próximos números de nuestra revista.

Sexto. El Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 2975 de 2004 de loterías, con el que se les minimizan sus planes de premios específicamente se les disminuye el valor del Premio Mayor- al obligarlas a manejar una provisión de reservas del 4% al 8% de sus ventas y, además, a mantener como base un promedio en sus ventas igual al año anterior, lo que les impide un mejor manejo económico. Esto agudiza a crisis que viven las loterías al no poder competir con los otros juegos del mercado como el Chance y el Baloto. Aquí se pone de manifiesto la inequidad y desigualdad de tratamiento del Gobierno respecto a los operadores privados del Chance, sus facilitadores en épocas electorales.

Séptimo. Juegos en operación ilegal. Desde hace más de dos años los juegos denominados Doble Play, Mini Play, Cash 3, Play Four, Win 4 y Superastro han venido operando ilegalmente en el país, consentidos y cohonestados por el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud y Fedelco (Federación Colombiana de Loterías), en un evidente favorecimiento al Chance. A pesar de que el propio Ministerio de la Protección Social envió una comunicación NURC 1032-2-117 de marzo 14 de 2005 a los representantes legales de las loterías solicitando suspender de manera inmediata la práctica del juego denominado “Doble Play” (y se supone, por extensión, los demás juegos citados), por no ajustarse a las disposiciones del régimen propio del monopolio estatal, orden que no se ha cumplido, ya que éstos siguen operando en el mercado.

Este caso muestra un claro abuso de poder por parte del Gobierno, porque parece ser que la ley es para aplicársela a las loterías, a las que pone en estado de indefensión e inferioridad al obligarlas a operar únicamente con su sistema tradicional o de billete, frente a estos juegos electrónicos. Así, les impide cumplir con su objeto social determinado en el Artículo 336 de la Constitución Política, el cual establece que el fin prevalente del monopolio son los recursos de la salud, situación propiciada a través de un carrusel de organismos gubernamentales y funcionarios parcializados a favor del Chance.

EVASIÓN, ELUSIÓN Y CLONACIÓN

El Gobierno, con su política de favorecimiento indebido a los chanceros, les otorga un amplio margen de maniobra para que consoliden su gigantesco poder económico, incentivando juegos que enriquecen a un grupo de particulares que defraudan los intereses de la mayoría de los colombianos.

A los empresarios del Chance se les permite explotar un mercado cautivo, exento de competencias y abierto en dualidades de procedimientos operativos, administrativos, parte en la legalidad y parte en la ilegalidad, con lo cual les configuró “un monopolio de hecho y de derecho”.

Lo anterior ha servido para que las grandes empresas del Chance incurran en la evasión, elusión y clonación en contra de los dineros que le corresponden a la salud, según lo revelaron a nuestra revista algunos empleados de estas casas de juego y lo ha sostenido públicamente el propio Ministerio de la Protección Social, que, paradójicamente, no ha hecho nada por solucionar el hecho.

La evasión es el no pago de las contribuciones o tributos al Estado de manera dolosa, conductacastigada por la justicia colombiana.
La elusión es el no pago de las contribuciones de manera lícita, es decir, aprovechando los espacios o huecos de la ley.
La clonación es la duplicación de los talonarios con que se juega el Chance por parte de los operadores de este negocio para ocultar las cifras reales de venta. Según la Ley 643, los talonarios deben ser impresos y distribuidos por las loterías a las empresas de Chance que se hayan ganado la concesión para explotar el juego, con el fin de llevar un control oficial de las ventas del mismo. Sin embargo los chanceros para evadir este requisito, hacen impresiones paralelas de dichos talonarios y reportan sumas inferiores a las vendidas.

DENUNCIA DE LA DEFENSORÍA SOBRE EVASIÓN

La Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución 019 de marzo de 2002, confirmó la evasión por parte de los manejadores del Chance en contra del Estado. Este es su informe:

“Todas las razones expuestas permiten afirmar que a 31 de diciembre de 2001 se consolidó, en el corto periodo de dos años, por concepto de regalías, una pérdida de recursos públicos de alrededor de $200.000 millones de pesos que se pretendía fueran destinados a la salud de los ciudadanos más pobres y vulnerables”.

“Con la suma descrita se ha debido incorporar al régimen subsidiado de salud una población pobre y vulnerable de más de un millón doscientas mil personas o prestarle atención en salud a dos millones de personas de escasos recursos sin cobertura en seguridad social. Lo anterior prueba un detrimento de los recursos de la salud”.

QUÉ ES EL FAVORECIMIENTO INDEBIDO

 Expertos consultados por La otra Verdad Periodismo Investigativo definieron el favorecimiento indebido, “ como el So pretexto de aplicar imparcial y correctamente la ley, el funcionario en un típico acto de desviación de poder tergiversa el auténtico y verdadero sentido de la ley para favorecer a una de las partes. Tal manifestación cobra diversas formas, por ejemplo, a sabiendas de que la parte interesada no reúne los requisitos de idoneidad, moralidad, eficiencia y eficacia, da por supuesto que tales características aparecen acreditadas sin que en la realidad ello sea así. Desviación de poder que puede ser por culpa (negligencia, descuido) o por dolo, la torcida intención de desvirtuar la ley, dando ventaja a una parte en desmedro de otra, llegando en algunos casos a tipificar figuras delictivas (prevaricato, cohecho, soborno, etc.)”

“Una importante fuente de financiación de subvenciones a la salud la constituye el ingreso roveniente de las rentas originadas en la operación de los juegos de azar, recurso que se ha venido drenando sistemáticamente como consecuencia de la evasión de los 'derechos de explotación', que deben transferir al Estado los operadores de juegos de suerte y azar”.

 “Las mencionadas rentas obtenidas por las entidades territoriales deben utilizarse en las siguientes proporciones:A) Un 80% para contratar la prestación de los servicios de salud de la denominada población vinculada (sin aseguramiento en salud) o para incorporar a la población más pobre al régimen subsidiado.
B) Un 7% para tareas de investigación científica.
C) Un 13% para subsidiar la salud de mayores adultos, menores y discapacitados (Art. 42 Ley 643 de 2001)”.

 “La exigua participación del Estado colombiano en el usufructo de su arbitrio rentístico (12% de los ingresos brutos del juego) significa, en buena medida, la renuncia parcial a una importante fuente de ingresos fiscales en favor de un grupo de particulares. Mientras la Nación tiene el 12% del recaudo total de las apuestas del Chance, los operadores privados de la actividad logran ganancias de oportunidad del 48%, es decir, cuatro veces más de las que corresponden a la finalidad social prevalente del Estado (Art. 3. Ley 643 de 2001), lo que no se concilia con las graves deficiencias de financiamiento social que enfrenta el Estado”. “Sólo restaría enfatizar que los márgenes de operación que no se ajusten a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad por parte del legislador equivaldrían a permitir una apropiación privada de las rentas del monopolio (Sentencia C 587 de 2001)”.
“No es fácil encontrar una justificación que explique el por qué Inglaterra o el estado de La Florida (EE.UU.) reciben transferencias del 38 % y 41% de los ingresos totales. Inclusive, el propio juego del Baloto en línea para Colombia está produciendo regalías del 29% (2.5 veces más que las que efectivamente debe entregar el Chance”.

 La grave denuncia hecha por la Defensoría desde marzo de 2001 no ha tenido respuestas concretas por parte del Ministerio de la Protección Social, de la Superintendencia de Salud, ni de los organismos de control del Estado, a pesar de su conocimiento oportuno y de otras denuncias con las que se ha demostrado el manejo desarreglado y corrupto de los juegos de suerte y azar, que ha conducido a la quiebra de las loterías, en detrimento de los recursos de la salud, con el aval del Gobierno, que con esto paga los favores económicos de los chanceros.

“LOS DUEÑOS SE QUEDAN CON TODO”

Don Luis Montenegro, un reconocido vendedor de Chance puerta a puerta, quien lleva varios años trabajando con este juego en un popular barrio del occidente de Bogotá, afirma que el negocio está malo y que ha venido decreciendo para los chanceros como él, porque “las ganancias les quedan a los dueños, y a los vendedores sólo les corresponden las migajas”.

Asegura que a los chanceros sólo les toca el 20% de las ventas, es decir, $200 de cada $1.000 vendidos y con el agravante de que les corresponde comprar el talonario por $1000 (que trae 50 fracciones) para poder trabajar. Aunque no hay una cifra oficial, en el país existen unos 200.000 vendedores de Chance y miles de establecimientos del juego, la mayoría ubicados en las vías más concurridas de las principales ciudades.

Se supone que si las transferencias de las loterías para la salud disminuyen, las del Chance deben aumentar, debido a que este juego absorbió a los apostadores que han dejado de comprar la lotería y también ha conquistado nuevos clientes que buscan dinero fácil debido a la depresión económica que vivimos, pero no es así. Las transferencias del Chance para la salud, en términos reales, permanecen en el mismo nivel del año 2001.

El Chance vende en la actualidad legalmente $1.5 BILLONES anuales y se supone que una cifra similar ilegalmente. El Estado recibió en el 2004 un 12% de esas ventas como aportes para la salud, lo que quivale a $174.835 millones. Si se le aumentara en 5 puntos la tarifa que debe aportar el Chance a la salud, es decir, igualarla al mismo porcentaje que pagan los juegos novedosos, mínimo el 17%, como lo pidieron varios congresistas, y si se recupera el 30% que se estima deja de pagar este juego a la Nación por evasión, elusión y clonación, el Estado puede llegar a recibir unos $340.000 millones anuales. Si comparamos esta suma con los aportes que el Chance entregó a la salud en el 2004 se notará un incremento del 72%. Una decisión en este sentido disminuiría la presión del Gobierno sobre el Congreso para que incluya el IVA en la totalidad de la canasta familiar con el fin de cubrir los gastos de la salud.

Si al Chance se le controlaran correctamente los premios que dice pagar, lo cual no ha podido hacer el Estado porque los operadores de este juego no lo permiten, el Gobierno podría calcular las ventas reales del Chance, cifras que en la actualidad no se conocen, se podría establecer lo que verdaderamente deberían pagar a la salud. Mediante este control estatal se detectarían utilidades privadas exageradas de los dueños del Chance, que originarían la posibilidad de reajustar los aportes al Estado en el 17% (propuesto por los congresistas) el mismo que pagan los juegos novedosos.

Luis Guerrero, presidente de la Asociación Nacional de Loterías y Chance (ANCLAP), le reveló a nuestra revista que en “la actualidad la mayoría de las empresas del Chance se demoran en pagar los premios a los clientes, con la argucia de que los boletos ganadores están pasados. Es decir, que al momento del escrutinio para verificar si un boleto es ganador o no, dicen que no lo encontraron”. Muchas veces para lograr el pago, el cliente debe buscar al vendedor del Chance y confirmar que sí lo compró y está relacionado en su lista personal. Esto es una clara trampa a los apostadores.

¡EL CHANCE MANEJA $3 BILLONES ANUALES!

Legalmente el chance maneja $1.5 BILLONES ( 1.500.000.000.000 ) de ventas brutas anuales y un valor gual ilegalmente, para un total de $3 BILLONES ( 3.000.000.000.000 ) anuales, el equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Según la Defensoría del Pueblo de la parte legal, el 12% es destinado a la salud, el 40% es para premios, gastos y pagos a vendedores y un exhorbitante 48% son la utilidades de los dueños del Chance, lo que significa que del juego legal los operadores del mismo se quedan con más de $700.000 millones anuales. Del juego ilegal, como no se paga el 12% de los derechos a la salud, los chanceros se quedan con $900.000 millones anuales y para pagos de premios, gastos y pagos a vendedores por sus ventas, destinan los otros $600.000 millones. Estas cifras que hacen sonrojar a cualquier multimillonario y a los colombianos les causa escalofrío el pensar lo que se está haciendo con ese dinero: se financian campañas políticas, se invierten en empresas legales, se compran servidores públicos, etc.

LA CRISIS DE LAS LOTERÍAS

Las loterías nacieron en 1.923 y juegan con 4 números y 2 o 3 series. En la actualidad son consideradas por los expertos en el tema como juegos anticuados, obsoletos y de competencia inocua por su multiplicidad, pues en el país hay 25 loterías jugando a lo mismo. Su mantenimiento le genera al Estado grandes costos, gastos operativos, administrativos, de publicidad y de impresión. Además, su crisis es tal que, hoy por hoy, son catalogadas por los estudiosos del tema como causantes del detrimento de los recursos destinados a la salud en más de $100.000 millones anuales, sin contar lo que representa la subutilización de las infraestructuras físicas y tecnológicas (los edificios y los equipos con los cuales se realizan los sorteos) de dichas loterías.

Para sobrevivir, las 25 loterías del país, que son empresas industriales y comerciales del Estado (EICE), se han visto obligadas a engañar al público apostador, pues solo venden un promedio del 3.5% de sus emisiones. Por lo tanto, juegan con el 96.5% que no se vende, lo cual les da una enorme posibilidad de que sus premios queden en casa y no les lleguen a los compradores. Esto se constituye en un atentado contra la credibilidad y la fe pública de la gente apostadora que, ilusionada, la compra con la esperanza de ganársela y se pasa toda la vida esperando ese momento, que con muy pocas posibilidades llegará. Algunos prefieren dejar de comer para comprar su billetico.

Esta crisis se ha acrecentado porque a las loterías las han llevado a un estado de inferioridad e indefensión manifiesta para competir en el mercado con juegos modernos y con tecnologías de última generación como el Baloto y el Chance, fortalecido durante el gobierno Uribe), al ponerles una camisa de fuerza legal: los artículos 11 al 20 de la Ley 643 de 2001, que las obliga a realizar su operación en el mercado exclusivamente “con su sistema tradicional o de billetes”, con lo cual se incrementa su debilitamiento.

CARGAS QUE SOPORTAN

Recursos salud:12% sobre los ingresos brutos

Comisiones a loteros y distribuidores: 25%

Impuesto a foráneas: 10%

Impuesto a ganadores: 17%

Impuesto DIAN: 20%

Excedente para provisión: 4% al 8%, según decreto 2975/ 2004.

CAÍDAS DE LAS VENTAS

En 1993, las 27 loterías departamentales vendían aproximadamente 58% de sus emisiones. Ahora, en el 2006, sólo venden un promedio del 3.5% de sus emisiones, lo que ha reflejado la minimización de su participación en el mercado.

La multiplicidad de loterías en el mercado ha sido un factor de competencia entre ellas y su efecto directo es la disminución de sus ventas, lo que ha traído como consecuencia que a duras penas puedan cubrir sus costos de operación y administración, y que se den los casos en que, el día de los sorteos, los gerentes y funcionarios de las mismas rezan para que no caiga el premio mayor. Si cae el premio gordo, normalmente para cubrir su pago al comprador ganador, tienen que asumirlo con un respaldo bancario o diferirlo a cuotas. Además, generalmente hay problemas económicos para el pago de nóminas y de las diferentes obligaciones con los empleados de las loterías.

Tampoco se puede desconocer los factores encubiertos de corrupción que se han venido dando en las loterías: sobrecostos en los contratos de publicidad y en los de impresión, que se constituyen en la vena rota de las loterías ordinarias y extraordinarias. Estos sobrecostos representan un promedio aproximado de entre el 5% y el 6% de las ventas brutas de las loterías.

EJEMPLO MUNDIAL

Mientras que todos los estados del mundo asumen la defensa de su monopolio de los juegos de suerte y azar, legislando para mantenerlo en su mayor beneficio económico y social, el gobierno colombiano, con sus políticas de favorecimiento indebido a terceros o particulares, como los operadores del Chance, es el causante directo de la crisis de las loterías y con esto abre el camino a su posible privatización, en detrimento de los recursos de la salud.

El diario The New York Times emitió el 31 de marzo de 2005 el siguiente artículo de Fox Butterfield sobre la importancia de los juegos de suerte y azar en Estados Unidos, la cual, por el contrario, no le ha querido dar el gobierno colombiano: “En la medida en que crecen los juegos de azar, los estados dependen cada vez más de los mismos. Los ingresos generados por los juegos de suerte y azar, que anteriormente eran pocos, se han convertido en un generador importante de ingresos para algunos estados de los Estados Unidos, en algunos casos superando las fuentes tradicionales de ingresos, como impuestos de renta, lo que ha permitido a los estados disminuir los impuestos personales y, prioritariamente, los de renta. Las sumas son tan atractivas que algunos funcionarios públicos están preocupados de que sus estados se vuelvan tan adictos a estos ingresos como los jugadores a los juegos. Estamos embriagados con los ingresos generados por los juegos de azar. Los ingresos por juegos de azar son como el dinero gratis”.

El Gobierno de Uribe, con su favorecimiento indebido al Chance, le ha entregado a los empresarios de este juego el monopolio y el arbitrio rentístico de las loterías que ha servido de base para el sostenimiento del sistema hospitalario y el sistema general de salud con sus recursos.

Los $124.757 millones de las transferencias a la salud en el 2001 generados por las loterías, mínimo debieron haberse mantenido en ese nivel durante el transcurso de los años, pero no ha sido así. Al actualizar ese valor con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más el Producto Interno Bruto (PIB), las transferencias a la salud al 31 diciembre del 2004 debieron haber sido $164.061 millones, pero la realidad es que apenas hubo aportes por $77.502 millones, lo que un decrecimiento en términos reales de $86.560 millones, equivalente sólo al 53% de lo que debieron haber sido las transferencias, considerando una evolución normal del juego.La aplicación de la Ley 643 por el Gobierno quebró al sector de lasloterías. Por tanto, si no se les permite operar nuevos juegos competitivos y recibir un mayor porcentaje por las concesiones privadas del Chance (mínimo un 17%), su sepultura será definitiva, lo que significará un menor ingreso para los recursos de la salud.

FEDELCO SE HACE EL DE LA
VISTA GORDA CON LA CRISIS

La Federación Colombiana de Loterías (FEDELCO) ha venido informando, a través de los medios de comunicación, la venta de loterías en línea, “puerta a puerta”, y a través de máquinas o procesadores portátiles PALM a partir del próximo mes de julio de 2006, como complemento de las ventas en línea en los terminales del Baloto. Su implementación ha venido causando graves consecuencias al gremio deloteros y distribuidores, ya que sus comisiones del 20% quedarán en sólo un 8%, sacándolos del mercado y ocasionándole perjuicios sociales a más de 150 mil loteros y sus familias.

Para los expertos esta solución no es viable, puesno tiene presentación insistir en un producto agotado, con el que se ha ensayado, sin éxito, todo tipo de alternativas para sacarlas adelante. Se han probado incentivos del tipo raspe y gane, boletas de fútbol, etc, con resultados negativos, lo que prueba que las loterías cumplieron su ciclo histórico y están en el final de su crisis, hecho comprobado por la falta de apostadores. FEDELCO no puede desconocer que la minimización promedio de sus ventas sobre las emisiones de las loterías engañan al apostador, pues le quitan sus opciones reales de ganar los premios ofrecidos en sus planes.

La solución para acabar con la crisis de las 25 loterías del país podría ser fusionarlas o crear una lotería única nacional, como lo sostiene la Contraloría General de la República. Con esto se ahorrarían costos, se ampliarían sus planes de premios, sus ganancias serían más fructíferas y se cautivaría a los apostadores.   

CONTRALORÍA SUGIERE
FUSIÓN DE LOTERÍAS

La Contraloría General de la República ha sugerido en varias ocasiones la conveniencia de establecer “una lotería única nacional”, que aproveche las ventajas propias del monopolio natural y garantice el cumplimiento de los fines sociales que justifiquen su existencia, de manera más eficiente que como lo hacen las loterías tradicionales. “En otras palabras, la lotería nacional podría aprovecharse del mercado en virtud de sus costos más bajos y hacer que las loterías regionales se vean obligadas a salir de circulación. Esta situación es muy probable cuando el mercado es pequeño como podría interpretarse en el mercado de las loterías en Colombia, toda vez que el porcentaje de emisión vendida es muy bajo (3.5% promedio de las 22 loterías)”, dice la Contraloría.

 

 

La sugerencia de la Contraloría es válida, siempre y cuando esté basada en la operación por la lotería única nacional de juegos realmente novedosos, competitivos y con tecnología de última generación, que rompan con los esquemas tradicionales y con el paradigma de la resistencia al cambio, buscando integrar al apostador con ofertas de juego representadas en planes de premios que le ofrezcan reales probabilidades de obtenerlos.

Todos estos factores que hacen parte de la crisis de las loterías en Colombia no se le pueden seguir ocultando a la opinión pública nacional por su incidencia en la minimización de los recursos de la salud, así como en el perjuicio causado a los apostadores, lo que ha generado la pérdida de credibilidad y confianza en el sistema de loterías tradicionales.

 

EL GOBIERNO Y FEDELCO insisten en agudizar la crisis de las loterías, desechando ofertas de Juegos modernos y con tecnología de última generación, calificados por las principales loterías del país. Estos juegos de propiedad de UNICEF , son generadores de recursos para la salud y la niñez colombiana.

EL GOBIERNO A MERCED
DE “LA GATA”

En vista de la jugada del Gobierno para favorecer a los empresarios del Chance, demostrada en esta investigación, es poco probable que se destape el verdadero origen de la inmensa fortuna de Enilce López, “La Gata”, porque en las pesquisas que lleva la Fiscalía contra este personaje, se pueden encontrar dineros ilícitos provenientes del narcotráfico y del lavado de activos, según dice el expediente de ese organismo acusador. Lo cierto es que también quedaría en evidencia que una gran parte de esta riqueza proviene del favorecimiento que la administración de Uribe le permitió a los chanceros.

Destapar el origen de los bienes de “La Gata” es revelar los secretos de cómo se hacen las operaciones ilegales del Chance y, por consiguiente, poner al descubierto a los grandes barones de este juego en el país, los mismos que financiaron la campaña uribista, quienes deben estar preocupados de que Enilce López, para salvarse de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le hizo la Fiscalía, prenda el ventilador y entregue, con pormenores y detalles, la clave que le permitió aumentar su capital y diga quiénes son sus socios en las diferentes ciudades o quiénes operaban igual que ella y se lucraban del negocio y, lo que es peor, que devele las verdaderas cifras que le entregaron a Uribe, dineros que habrían entrado por debajo a la contabilidad de la campaña.

“La Gata” es una “papa caliente” no sólo para los chanceros, sino para el mismo gobierno de Uribe. En este tema, no se podría hablar de un proceso igual al del 8.000, pero sí de un caso sin precedentes de favorecimiento en la historia del país Por esa razón, es poco probable que el Gobierno permita que la Fiscalía llegue hasta el fondo de la fortuna de “La Gata” y esto se sustenta en el hecho de que, coincidencialmente, el jefe del pool de juristas que defienden a Enilce López es nada menos que el controvertido Jaime Lombana Villareal, el mismo abogado del presidente Álvaro Uribe.